El Santos quedó envuelto en una batalla judicial que pone en el centro un reclamo económico de 18 millones de libras vinculado a un acuerdo con NR Sports, la empresa de derechos de imagen manejada por el padre de Neymar. En ese marco, el fiscal y dirigente del club Ivan Luduvice presentó una solicitud formal para que se avance con el proceso de destitución contra el presidente Teixeira, luego de que se detectara una modificación contractual firmada el 30 de diciembre. La impugnación se apoya en un argumento de ilegalidad: sostiene que el convenio impone una traba financiera “injusta”, con un impacto desproporcionado sobre la institución si se produce un cambio en la conducción, y que además chocaría de frente con normas internas que regulan el funcionamiento del gobierno del club.
El núcleo del cuestionamiento está en un mecanismo considerado polémico de “madurez anticipada” del contrato. De acuerdo con lo planteado, si Teixeira no logra la reelección a fin de año, o si el Santos decide migrar hacia un esquema de propiedad corporativa, los acreedores —en este caso la firma ligada a la familia Neymar— podrían exigir el pago inmediato en efectivo. En sus presentaciones, el fiscal fue contundente al señalar el carácter impropio de vincular una obligación financiera de decenas de millones de reales con un resultado electoral interno. En ese sentido, remarcó que “ni siquiera en la Constitución de Sudán del Sur un presidente condiciona la renovación de un contrato a su propia reelección”, y pidió imaginar el equivalente en un gobierno local: si el intendente de una ciudad hiciera algo así, el resultado sería “inmediato” en términos de sanción penal. La acusación final es clara: al unir una obligación económica de gran escala a un desenlace político interno, Teixeira habría incurrido en un abuso de poder, usando la capacidad de contratación del club para construir un “escudo” personal.
Mientras crecen las inquietudes en el entorno de los hinchas, también se sumó un elemento que encendió más alarmas. El Santos ofreció como garantía legal el predio histórico de entrenamiento Meninos da Vila para respaldar el esquema de repago que, según la propuesta, exige cuotas mensuales rápidas desde enero de 2026. Luduvice sostiene que esa carga sería nula, ya que no se habría consultado al consejo deliberativo del club antes de avanzar con el compromiso. A pesar de las señales que el fiscal considera graves y de que la deuda total del club trepa a una cifra alarmante de 146 millones de libras, la dirigencia dio un paso relevante en las últimas horas: el consejo votó para aprobar las cuentas financieras 2025 con 109 votos a favor. Frente a esa decisión, Luduvice reclamó la anulación total del visto bueno y advirtió que el acuerdo deja a la academia expuesta a un riesgo serio de expropiación, especialmente por el tipo de garantía ofrecida y el calendario de pagos.
De cara al futuro, el comité interno deberá definir con urgencia si corresponde abrir una investigación formal por las presuntas infracciones estatutarias. El clima en el club se vive con tensión: por un lado, las obligaciones de corto plazo se aceleran; por el otro, un solo incumplimiento podría activar una cláusula de aceleración que complique aún más el escenario financiero. En ese contexto, la pulseada dirigencial por uno de los bienes más valiosos del Santos —su patrimonio inmobiliario ligado al predio histórico— promete monopolizar la agenda en el período electoral. Además, se anticipa que Luduvice apunta a presentarse como candidato en los comicios, con la intención de competir en la elección que se viene.